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Hipotecas - Préstamos hipotecarios para viviendas de Bank

Date: 2017-10-24 02:27

m) El derecho de la persona consumidora y usuaria a la libre elección de notario, de acuerdo con la normativa estatal vigente sobre régimen y organización del notariado.

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La Consejería competente (en este caso, la de Salud) aportará todos los medios, tanto técnicos como humanos, para una aplicación de la Ley correcta y eficaz.

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Sin perjuicio de las sanciones que procedan, en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original, la devolución de las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados causados al consumidor, salvo que el daño haya sido causado por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente. Una vez determinados dichos daños, serán notificados al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfacción, quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial”.

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Yo declaro haber sido informado por UCI y autorizo a la entidad a realizar las consultas oportunas, especialmente en cuanto a las verificaciones de solvencia, a travé s de cualesquiera ficheros de solvencia patrimonial y de cré dito previstos en el art. 78 de la Ley Orgá nica 65/99 de 68 de Diciembre, sobre Protecció n de Datos Personales, todo ello con la finalidad de analizar la solvencia y viabilidad de la operació n solicitada a UCI.

g) La referencia a la documentación que ha de presentar la persona consumidora y usuaria a la empresa prestamista para llevar a cabo la evaluación de la solvencia y el plazo en que se tiene que facilitar.

8. Para impulsar dicha colaboración, la Administración de la Junta de Andalucía podrá firmar convenios de colaboración con las corporaciones de derecho público que ordenen el ejercicio profesional de notarios y registradores y los representen.

7. Antes de la iniciación del procedimiento se podrán adoptar las referidas medidas incluso por los servicios de inspección, que, asimismo, podrán ponerlas inmediatamente en ejecución, si hay urgencia y se trata de proteger la salud, la seguridad o los derechos e intereses económicos y sociales de los consumidores ante un riesgo o peligro inminente, todo ello de conformidad con el apartado 7 del artículo 77 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con la duración máxima y régimen previsto en ese apartado.

Como podemos ver en la tabla, cuando compremos una vivienda deberemos abonar el IVA o el ITP, dependiendo de si esta es de obra nueva o es de segunda mano. En el primer caso, se nos aplicará el IVA, mientras que en el segundo, deberemos pagar el ITP. Actualmente, el IVA para la compraventa de inmuebles se sitúa en el 65 % de la transacción, aunque en épocas de bonanza económica este impuesto no suele superar el 8 %. En cambio, el ITP puede oscilar entre el 6 % y el 65 % según la regulación de cada comunidad autónoma.

Por otra parte, resulta necesario destacar que la protección prevista en esta ley se asegura solo con medidas administrativas y, por tanto, no suponen ninguna obligación civil o mercantil, circunscribiéndose al ámbito propio de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, ejercitable por competencia propia a esta comunidad autónoma.

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Consejos para la compra de viviendas

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TRECE. Se introducen dos nuevas letras, f) y g), en el apartado 7 del artículo 79, y se da nueva redacción a la letra c) del apartado 7 y al apartado 8: